La Amazonía: lo mejor y lo peor en el 2008

Roger Rumrrill

Como lo dijimos en setiembre de este año y ahora lo ratificamos: el suceso político y social más importante ocurrido en la Amazonía peruana este año fue la gran rebelión indígena amazónica que estalló el 9 de agosto y que obligó al gobierno de Alan García Pérez a derogar los decretos legislativos 1015 y 1073 que eran las llaves del gran capital para abrir las puertas de la privatización de las tierras indígenas.

La batalla ganada por los indígenas está cargada de significados y contenidos políticos, sociales, económicos y culturales. Visibilizó a los pueblos indígenas sumergidos y ocultados por un sistema que en el Perú está construido contra ellos. Se convirtieron en la Amazonía en los principales actores sociales y políticos. Desataron una dinámica en el movimiento social no indígena con importantes repercusiones para el presente y el futuro político de la región amazónica.

En agosto de este año la rebelión indígena fue una clara lección y demostración al país que sí es posible, a través de la resistencia cívica, pacífica, democrática y unitaria, resistir e inclusive derrotar la ofensiva antidemocrática, excluyente y saqueadora del capital multinacional y sus socios locales de los recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos.

La rebelión indígena, además, ahondó aún más la crisis terminal de los partidos políticos en la Amazonía, en metástasis por sus estructuras fosilizadas, sus discursos anclados en una falaz modernidad y sus intereses contrapuestos a los de las mayorías populares.

Lo peor para la Amazonía peruana fue, sin ninguna duda, el proyecto privatizador del bosque amazónico camuflado jurídicamente en más de un centenar de decretos legislativos para la implementación del TLC con Estados Unidos y doctrinariamente justificados en la “filosofía” del “perro del hortelano” del presidente García.

Pero a García le está saliendo el tiro por la culata. La presión ambientalista estadounidense le está empujando a modificar su proyecto sobre la Amazonía bajo la amenaza de que el TLC quede en suspenso.

El efecto combinado del colapso económico mundial y el cambio climático y sus desastrosos impactos en el Perú también le están haciendo bajar de su nube de ilusiones.

No sería mala idea que el presidente García tenga un vuelo con ayahuasca para mirar sin anteojeras la realidad y gobernar para los pobres del Perú en el año 2009.

Fuente: Radio PRODEMU

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PRIMER LUGAR
Premio de Reportaje sobre biodiversidad 2008

PER-084-Selva Negra
Ramiro Escobar La Cruz

Revista Somos – Diario El Comercio enero 2008

Selva Negra

AMENAZAS. PROYECTOS PETROLEROS SE CIERNEN SOBRE PARQUE NACIONAL BAHUAJA-SONENE. TAMPOCO EL MANU SE SALVARÍA

Hacia fines de septiembre, una ola de protestas detuvo el intento gubernamental de recortar, con fines de inversión petrolera, más de 200 mil hectáreas del Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Esta es una crónica de una reciente visita a este alucinante escenario natural, que aún estaría en peligro. También de los nonc santos planes que habría detrás de dicho propósito. La caza de hidrocarburos continúa e incluso el Manu estaría en el disparadero.

Las huellas de jaguar son auténticas, fresquitas, notariadas por el sobrecogedor paisaje que nos envuelve. Están clavadas sobre una playa dibujada por la confluencia de los ríos Tambopata y Távara, ya en los adentros del Parque Nacional Bahuaja-Sonene. En la zona intangible, en la ruta que va hacia el legendario Candamo, donde sólo reinan la paz de la naturaleza y el rumor animal.
Miles de bichos se nos cruzan, a la vez, en el aire. Se posan sobre nuestra piel indefensa, dan vueltas, revolotean, no ofrecen tregua. Pero uno soporta esa carga por la recompensa que reciben otros sentidos: a lo lejos se escucha el laberintoso grito de una bandada de guacamayos; en medio del monte también se siente el paso rápido, sigiloso y audaz de un grupo de monos coto.
Aún hay más: cuando nuestro barco se va internando por el Távara, los árboles parecen mostrarse más tupidos y misteriosos. El torrente serpentea por el bosque suavemente, aunque de pronto se vuelve difícil, tumultuoso. Numerosas aves saltan entre los árboles, como asombradas por nuestra inesperada travesía. Se ven unas flores extrañas, que cuelgan felices de algunas ramas.

SELVA DE PASIONES
Por fin, a una hora de remansos y rápidos hacia adentro, llegamos a la estación biológica La Nube, único rastro humano en estos territorios. Es una casita de madera plantada en medio de la mata boscosa e innumerables hojas, lianas, flores, más bichos. Fue puesta allí por Conservación Internacional (CI), con permiso del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena).
Su solitaria presencia, sin embargo, no rompe para nada la cálida belleza de este ecosistema, casi no alterado por el hombre, según nos explica Eddy Torres, de la Sociedad Zoológica de Francfort. La tarde va cayendo y dándole la razón. Nuestra voces y eventuales risas se pierden entre el sonido intenso y permanente de la jungla, no dominan el ambiente, significan poco o nada.
Esta es, efectivamente, una de las últimas “selvas sin hombres”, un emporio de biodiversidad, de los más ricos en el mundo. La adornan y componen miles de especies de vegetales y 1088 especies de fauna, entre ellas un tapir enorme, voluminoso, que al día siguiente, en la madrugada, viene a despertarnos paseando por la orilla del río, plácido e impresionante. Salvaje pero generoso.

Estamos en el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, que abarca 1’092, 142 hectáreas, ubicadas en las regiones de Puno y Madre de Dios. Esta, además, es su zona intangible, su parte más delicada, donde no están permitidas más que la investigación científica y algunas actividades recreativas, previo permiso especial. Y este también es, aunque parezca penoso, una zona en la mira petrolera.

El 24 de septiembre del 2007, mientras en sus bosques perdidos seguía bullendo la biodiversidad, a las oficinas de INRENA llegaba una llamada misteriosa. Desde el ministerio de Agricultura avisaban que “todo estaba listo” para que dos días después, el 26, se discutiera en el Consejo de Ministros el proyecto de ley que le mochaba 209, 782.537 hectáreas a este territorio esplendoroso.

Eso fue tarde, de la noche de aquel duro día, por lo que Luis Alfaro, entonces Intendente Nacional de Áreas Protegidas, recién se enteró al día siguiente, el 25. Sorpresa, estupor, sensación de cabe. Lo lógico hubiera sido que lo pongan en autos, con antelación, que le pidan su punto de vista. Mas no. Casi al estilo Fujimori –“primero hago, después hablo”- se procedió de esa torva manera.

Alfaro, desconcertado, hizo un rápido análisis del proyecto y lo descartó en primera: vulneraba el Convenio sobre Diversidad Biológica (suscrito por el Perú y con fuerza de ley, según la Constitución); vulneraba el artículo 68 de la Carta Magna, que ordena que el Estado salvaguarde las áreas protegidas y, por último, hasta contravenía el capítulo 18 del flamante TLC con EEUU.
Según dicho acuerdo, tan acariciado por el actual gobierno, las partes firmantes no pueden “promover el comercio o la inversión” rebajando su legislación ambiental. Para recortar Bahuaja Sonene, el Congreso tendría que sancionar una Ley, que derogue los Decretos Supremos de 1996 y el 2000, que, respectivamente, lo crearon y luego lo ampliaron. O sea, machetear las normas.
Todos estos argumentos fueron enviados en un sendo oficio a Agricultura, por correo y por fax. Al final de la tarde del 25, seguro que en ese ministerio sabían su granítica opinión y en vista de que no había respuesta, Alfaro mandó, por las mismas vías, su renuncia. En la mañana del jueves 26, encontró en El Peruano la resolución que lo expectoraba, sin gracias de por medio.

¿MANU CHAU?
Al día siguiente incluso fueron unos guachimanes a sacarlo de su ecosistema, es decir de su oficina. Pero lo peor de todo en esta jungla de pasiones es que hay crecientes indicios de que toda la trama del proyecto de ley, y sus respectivos apuros, fue preparada en el Ministerio de Energía y Minas, ni siquiera en Agricultura. ¿Un preludio de lo que será el Ministerio del Medio Ambiente?
Publicaciones en El Comercio, Perú.21 y La República, así como la vigorosa campaña “Salvemos Candamo”, con portal incluido (http://www.salvemoscandamo.com/), detuvieron el extraviado proyecto, que era el punto 3 de la agenda del Consejo de Ministros del 26 de septiembre. Sin embargo, hay nueva señales de que los propósitos petroleros del actual Ejecutivo tiran para largo.

El 21 de noviembre, durante una conferencia realizada en el Congreso de la República, Gustavo Navarro, Director General de Hidrocarburos del MINEM, presentó las perspectivas de su sector. Entre lo que correspondía a la Zona Sub-Andina-Sur Oriente seguía figurando el “Yacimiento Candamo” (el que recortaría parte de Bahuaja-Sonene) y asimismo…parte del Manu.
Peor aún: en el propio proyecto de ley que pretendía descuartizar más de 200 mil hectáreas de selva poco intervenida se habla de dos provincias hidrocarburíferas (Camisea y Candamo), separadas por el Parque Nacional del Manu, “a través del cual continúa la tendencia de estructuras con potencial para exploración de hidrocarburos”. Es decir, podría interesarnos.

Ernesto Ráez, biólogo y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien ha hecho investigaciones en el Candamo, sostiene que estos planes sugieren una tendencia, que es la de ofrecer contratos de hidrocarburos “donde sea”. Alrededor del 70 por ciento de la Amazonía está lotizada para ese propósito y, en algunos casos, pasando olímpicamente sobre un área protegida.
Nuestra legislación establece que se puede hacer “uso directo” de recursos naturales en algunas de ellas –las Reservas Nacionales, por ejemplo, pero no en Santuarios Históricos (como Macchu Picchu), Santuarios Nacionales (como los Manglares de Tumbes) o Parques Nacionales (como Bahuaja-Sonene y el Manu). Es decir, se puede extraer petróleo, sólo que no hasta del Paraíso.

LLEGARÍAN LOS BÀRBAROS
En la Reserva Nacional Tambopata, vecina al Parque Nacional Bahuaja-Sonene, además de la profusa biodiversidad, se ven algunos intrusos. Los más llamativos son los mineros, formales informales, que extraen oro del lecho de los ríos. En la confluencia del Malinowski y el Tambopata, en vez de las huellas del jaguar están sus huellas, todavía no tan desoladoras.
José Luis Capella, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), me dice, mientras una tropa bulliciosa de guacamayos pasa encima de nosotros, que ése pueda ser una de las amenazas que llegaría al Candamo si, por la gracia del Ejecutivo o el Congreso, se autoriza la inversión petrolera. “Imposible que esa actividad venga sola”, acota, desde su asiento en el barco.
Imagino entonces, asustado, lo que puede pasar acá si es que, finalmente, el oro negro se impone sobre esta inmensidad verde: esos bosques primarios que nos rodean, algunos de ellos sumamente ancestrales, desaparecerían; esa tortuga taricaya, que posa curiosa sobre un tronco, se esfumaría. Este paraje aún sereno y algo desolado se poblaría de motores, helicópteros, bandas de todo tipo.

La prueba clamorosa está en Huaypetue, no muy lejos de ahí y también dentro de la región Madre de Dios. El lugar se ha vuelto un territorio comanche, fuera de la ley, gobernado por los extractores de oro con escasa gentileza y harta violencia. La consecuencia ha sido la literal extinción de la selva, la falta de agua, la desolación ungida como precio necesario del vil metal.
Es eso lo que podría pasar acá, en este vasto emporio aún no muy intervenido. En estos bosques que, según Ráez, son de los más conservados que hay en todo el mundo Y que además tienen una virtud nada despreciable: dan vida a todo un sistema de cuencas que alimenta el río Tambopata, que a su vez vigoriza al río Madre de Dios, que finalmente desemboca en el Madeira.

¿Qué es el Madeira? Uno de los ríos más importantes de la Amazonía, una de las venas de uno de los pulmones del planeta. De todas las cuencas que lo surten, la más intocada, la menos vulnerada es la del Candamo, a donde pudimos ingresar por el río Távara, para admirar su espectacularidad.“Si se afecta esa zona, las consecuencias serán graves”, agrega Ráez, con rictus de preocupación.

POR QUÉ TANTA BELLEZA
Esta belleza, entonces, no es inútil, no es banal. Ni vale menos que los hidrocarburos. Su estado de conservación sirve para purificar el agua del Tambopata, del que se surten de agua Puerto Maldonado y varios poblados de la zona. Esconde misterios científicos, aún no explorados y que podrían causar auténticas revoluciones, quizás más trascendentes que la de los biocombustibles.
La ingente fauna y flora, por añadidura, bien administrada, sustenta la dieta de quienes viven en estas comarcas naturales, entre ellos los Ese’ Eja, los únicos nativos que se asentaron por acá. En el Távara y el Candamo, por citar un caso, se reproducen, alegre y periódicamente, miles de peces, que luego bajan hacia zonas donde pueden ser capturados y consumidos en formas diversas.

Las 252 especies de peces, 174 de mamíferos, 100 de reptiles e incontables de insectos (1,200 especies de mariposas incluidas) son, finalmente, parte de un ecosistema único, el más rico del mundo según numerosos investigadores. No por nada National Geographic Society lo catalogó como uno de los siete santuarios naturales más emblemáticos del planeta.

La noche cae sobre el Távara, en medio del ensordecedor pero armonioso bullicio de la selva. Hay estrellas en el cielo y un viento tenue, que parece traer a nuestras humanidades la tranquilidad del bosque. En el día hemos visto más animales: monos frailecillos, ronsocos, martines pescadores, peces saltando y numerosos tapires, en todas las poses y actuaciones.
Me canso de contar, de asombrarme. Pienso en el jaguar que no he visto, pero no me descorazono. Mañana, muy temprano, nos toca ir a la collpa (pared de arcilla) donde aterrizan los guacamayos. Me parece verlos llegar ya, escandalosos, rompiendo el silencio de la mañana. Por miles. ¿Hasta cuándo harán ese alboroto? ¿Hasta que el “Yacimiento Candamo” se instale para hacerlos callar?

Fuente: Premioreportaje.org

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PERÚ: Convenio necesario y ley innecesaria.
COMENTARIOS DE EXPERTO INTERNACIONAL EN TORNO A LA LEY DE CONSULTA EN EL PERÚ

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú ha ultimado y suscrito el día once de noviembre su dictamen sobre el proyecto de “Ley que regula el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas”. Aun a falta todavía del preceptivo dictamen de la más importante Comisión de Constitución y Reglamento, el proyecto parece contar con
posibilidades, si no lo impiden razones de derecho, de acabar por convertirse en ley.
Procede de la refundición de diversas propuestas y de la evacuación de consultas con instituciones políticas y con la sociedad civil, incluida alguna organización indígena. No ha habido proceso específico de consulta con “los pueblos indígenas”. No resulta esto último una incongruencia si se advierte que el proyecto mismo no entiende necesaria tal consulta para el ejercicio del poder legislativo. Esto lo veremos luego.

El dictamen ha de definir ante todo el “marco normativo” en el que el propio proyecto se produce. Sus principales referentes son, por este orden, la Constitución Política del Estado y la “Resolución Legislativa nº 26253 que ratifica el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales”. Se puntualiza a continuación que, “conforme al artículo 55º de la Constitución, los tratados celebrados por el Estado y en vigor, como es el caso, forman parte del derecho
nacional”. Efectivamente, y algo más. La disposición final cuarta de la Constitución añade que “las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. Esto incluye al Convenio 169.

El Convenio 169 no ha de quedar a nivel de “resolución legislativa” por debajo de la Constitución pues constituye un tratado cuya ratificación vincula al Perú hasta el grado, conforme al derecho internacional, de tener que proceder a reformas constitucionales en el caso de que no cupiera otra forma de darle cumplimiento. El dictamen, por ejemplo, recurre al párrafo primero del artículo 66 de la Constitución
(“Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El estado es soberano en su aprovechamiento”) con el fin de desactivar el alcance de la consulta indígena. El Convenio 169 no está obligando a una modificación de ese principio constitucional, pero requiere una interpretación que permita la participación indígena en las decisiones correspondientes de disposición de recursos. Dígase lo
mismo del ejercicio del poder legislativo una vez que el mismo Convenio requiere que se consulten con los pueblos indígenas las leyes que les afecten. No tiene por qué cambiarse la Constitución si se puede de otro modo dar entrada a tal consulta, lo cual este proyecto, como vamos a ver, ni siquiera se plantea.

Si la ley interpreta rígidamente la Constitución tras colocar por debajo suya la “resolución legislativa” de ratificación del Convenio 169 a los efectos de neutralizar el alcance de la consulta indígena, entonces, sólo entonces, lo que correspondería plantear es una reforma constitucional en cumplimiento del Convenio. Tal ha de ser el valor de un instrumento internacional ratificado. Valor también han de tener los instrumentos de derechos humanos que no son objeto de ratificación. Para el caso, en el “marco normativo” del proyecto debiera también figurar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por sí misma y también, muy en particular, porque el Perú la
impulsó y votó en Naciones Unidas. Tanto la omisión de la Declaración como la subordinación del Convenio entre las referencias normativas alcanzan consecuencias
prácticas negativas en el diseño de la ley de consulta indígena.

La cuestión más debatida en tal diseño ha sido la del carácter vinculante o no del resultado de la consulta. El dictamen levanta acta de que se han opuesto categóricamente a su alcance vinculante una serie de Ministerios, los de Relaciones Exteriores, de Agricultura, de Energía y Minas, de Trabajo y Promoción del Empleo y de Transporte y Comunicaciones, así como la Sociedad Peruana del Derecho Ambiental. Y añade el dictamen como argumento decisivo por cuenta propia en tal
dirección: “De la lectura del Convenio 169 se puede determinar que tal carácter vinculante no está previsto”. El proyecto de ley parece entonces guardar consecuencia al sentar que “la decisión de los pueblos indígenas respecto a su conformidad o
disconformidad con las actividades a realizar no tiene carácter vinculante” (art. 6). A
este efecto se hace valer el citado artículo 66 de la Constitución.

He aquí un planteamiento interesado para una conclusión predeterminada. El Convenio 169 no se pronuncia sobre el carácter vinculante de la consulta porque la cuestión misma no tiene sentido en su contexto. Se contemplan por el Convenio consultas “a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”, consultas que han de conducirse
“de buena fe” y con la natural “finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (art. 6). ¿Qué sentido tiene en este contexto de bilateralidad hablarse de que alguna de las dos partes vincule a la otra? La cuestión ni cabe. Se trata, no de “conformidad o disconformidad (indígena) con las actividades a realizar”, sino de un proceso de acuerdo bilateral cuyo resultado naturalmente ha de obligar a ambas partes. Negar de entrada valor a la posición de alguna de ellas atenta sencillamente de antemano contra la “buena fe” requerida.

El proyecto de ley no considera la consulta como un proceso interlocutorio bilateral respecto a “medidas legislativas o administrativas” que lo requieran por poder afectar a los pueblos indígenas (Convenio 169, art. 6.1.a), sino que la contempla como encuesta unidireccional en relación a actos de ejecución de políticas decididas previamente sin consulta formal. Respecto a lo primero, al fin y cabo lo esencial, lo que
se prevé es un “deber de información previa” que no da lugar todavía a consulta y cuya
omisión “es causal de nulidad del acto administrativo” (art. 9).

Nada se dice del legislativo. No sólo la Constitución, sino también la ley se
sitúan así por encima de las obligaciones contraídas con la ratificación del Convenio 169. Incluso para el desarrollo reglamentario de la ley no se hace previsión específica de consulta indígena: “El Poder Ejecutivo, a propuesta del INDEPA, aprueba el Reglamento de la presente Ley dentro de los ciento veinte días calendario siguientes a su vigencia, recogiendo los aportes y comentados de la sociedad civil, para lo cual prepublicará el texto” (disposición complementaria tercera).

El INDEPA, Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, es un organismo esencialmente interministerial con una representación indígena minoritaria y no decisiva. No es en absoluto “institución representativa” indígena (Convenio 169, art. 6.1.a), aunque tienda de hecho a actuar como tal. En general, según el proyecto, “la autoridad competente para aplicar y fiscalizar el
cumplimiento de la presente Ley es el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano” (art. 11.1). Conviene recordar que la Ley del INDEPA abriga el concepto más anquilosado y dependiente del derecho indígena, pues entre sus funciones figura “estudiar los usos y costumbres de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano como fuente de derecho buscando su reconocimiento formal” (art. 4.h), tal y como si las comunidades y los pueblos no tuvieran voz propia ni
capacidad de actuación autónoma.

A la reducción sustancial del ámbito de aplicación de la consulta, con la exclusión tanto de las “medidas legislativas” como de las administrativas de carácter
general, responde ahora, en el actual proyecto de ley, la forma como se le organiza y el órgano al que se le encomienda su realización (art. 12.2). Se trata de la ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el organismo autónomo encargado de la administración electoral (Constitución, art. 182). Es la instancia especializada en recabar confianza y opinión ciudadanas mediante los mecanismos democráticos de los procesos electorales. No es un órgano político con capacidad de proponer, escuchar, dialogar ni negociar nada. No está capacitado para conducir un proceso significativo de consulta.

La inadecuación de la ONPE para este nuevo cometido ha podido apreciarse en el mismo proceso de debate del proyecto. No sólo intervinieron ministerios del gobierno
con su oposición al alcance vinculante de la consulta. Según figura en el propio dictamen de la comisión, también lo hizo la ONPE, proponiendo en su caso “extender el ámbito de la consulta misma a todos los ciudadanos de los distritos involucrados” y no
sólo a los indígenas. Difícilmente cabe una incomprensión mayor de los requerimientos
del Convenio 169.

En manos de la ONPE, la consulta definitivamente se reduce a la aceptación o el rechazo de propuestas dadas, nada más lejano del procedimiento que contempla el artículo sexto del Convenio 169. Incoherentemente, el propio proyecto de ley presenta
su objeto en los términos que serían los procedentes y que brillan por su ausencia: “El derecho a la consulta previa comporta el establecimiento de un dialogo genuino entre las partes caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y la
buena fe, con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común” (art. 4).

Ante la propia evidencia, para una incapacidad tan visceral, el proyecto pone el manido remedio del adiestramiento funcionarial: “La ONPE realizará un proceso de capacitación a funcionarios del Estado para la implementación de la presente Ley. Dicho proceso puede contar con la asistencia de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, así como organismos internacionales cuya función sea la
promoción de los derechos humanos” (disposición complementaria segunda).

Se busca hasta la connivencia de organismos de derechos humanos para este verdadero fraude de un tratado internacional, el Convenio 169, por no hablar de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con este proyecto de ley el Perú se mantiene en una línea de doblez política de defensa en el ámbito internacional de los derechos que atropella en el orden interno, como si lo uno pudiera encubrir sin más lo otro.

Impulsar y respaldar en Naciones Unidas la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no parece que excuse de su promoción y aplicación internas, sino que más bien constituye un compromiso constitucional semejante a la ratificación de un tratado en la dirección de adoptarlo como derecho propio de forma eficaz. Si hace falta
al efecto una reforma constitucional, es entonces lo que procede.

En lo que toca al objeto del proyecto, lo importante es en definitiva, haya ley o no la haya, la práctica de la consulta conforme a las indicaciones del Convenio 169: con instituciones representativas, de buena fe y para fraguarse acuerdos. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerza con el requisito de consentimiento libre, previo e informado (arts. 10, 11.2, 19, 28.1, 29.2 y 32.2).

¿Hacen falta más reglas de carácter general? Parece que no, pues no es lo mismo, por ejemplo, la consulta del Congreso para una ley, del Gobierno para una concesión o de una dependencia administrativa para una acción determinada. Y sobran para todo tipo de consultas instituciones falsamente mediadoras como el INDEPA.

Dada la batería de sus componentes, este proyecto de ley de la República del Perú lo que permitiría es la prosecución de sucedáneos de consulta con instituciones no representativas, de mala fe y para establecer filiales, alimentar clientelismo y practicar
chantaje con comunidades. En fin, desafortunadamente, poco nuevo hay bajo el sol andino y amazónico por parte del Estado en el caso del Perú.

* Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Fuente: DAR

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El cambio climático también destruye la flora en los trópicos

El cambio climático, con su aumento de las temperaturas,
también está destruyendo la flora en las zonas cálidas de la tierra,
consideradas "los pulmones del planeta", reveló un estudio publicado en la
versión de internet de
la revista PLoS ONe.

EFE Según científicos de la Universidad de Calgary (Canadá), ese descubrimiento contradice la idea generalizada de que esas regiones están especialmente protegidas de la extinción. "Los trópicos contienen muchas especies de plantas, lo que lleva a considerar que las tropicales son menos susceptibles a la extinción. Pero nuestro estudio indica lo contrario", manifestó Steven Vamosi, profesor del departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Calgary. A juicio de Vamosi, el riesgo de extinción es alto en los países cercanos a la línea ecuatorial y todavía mayor en las islas, aunque se tomen en cuenta factores vinculados a las actividades humanas y el uso de los recursos naturales.

El científico indicó que se calcula que entre un 20 y un 45 por ciento de las especies tropicales está en peligro de extinción y como comparación indicó que en Canadá, un país alejado de los trópicos, sólo entre el 2 y el 3 por ciento es vulnerable al cambio climático. El estudio del científico canadiense se centró principalmente en el número de especies de plantas desde las islas Falkland (Malvinas) en el Atlántico sur hasta Groenlandia, en el Atlántico norte. El análisis de los datos tomó en cuenta el producto interno bruto (PIB) de cada región, la densidad demográfica y la deforestación. "Nuestras conclusiones difieren de otras en las que se consideró que factores muy vinculados a la actividad humana no fueron importantes en la determinación de cuántas especies botánicas estaban amenazadas por la extinción", señaló Vamosi.

Agregó que en su estudio, el factor más importante fue la latitud en la que crecían las plantas. Se considera que los ecosistemas tropicales son los pulmones del mundo debido a que en ellos se encuentra alrededor del 60 por ciento de todas las especies vegetales del planeta. Esas regiones son también el hábitat de una importante proporción de especies animales del planeta, incluyendo mariposas, primates, pájaros y murciélagos.

La desaparición progresiva de la flora en esas zonas tendría consecuencias catastróficas para su fauna, según los científicos. Pero Vamosi aclara que su estudio no absuelve al ser humano de las alteraciones que ha producido y que se han convertido en un factor para la extinción de la fauna y la flora del planeta.

El análisis sugiere que las especies botánicas en un país tropical son más
sensibles a las alteraciones humanas que las de un país de clima templado, indicó.

Fuente: La opinión.es

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EL FRÁGIL CONTROL FORESTAL
Dos normas amenazan al 60% de los bosques del Perú

Los decretos legislativos 1090 y 1064 excluyen del patrimonio forestal nacional
a unos 45 millones de hectáreas. Su aprobación debilitaría aun más la ya débil
fiscalización del recurso"

Por Nelly Luna Amancio

Los biólogos calculan que en el tiempo que dura un partido de fútbol se deforestan áreas de la Amazonía peruana equivalentes a 43 canchas de fútbol. La tala ilegal y la transformación de tierras forestales áreas de uso agrícola son las principales amenazas.

La primera, promovida por mafias encargadas de extraer la madera de áreas protegidas para luego 'lavarlas' y colocarlas en el mercado, principalmente Estados Unidos. La segunda parece más bien una consecuencia. Una vez que los taladores ilegales han abierto los caminos por donde se saca la madera, nuevos colonos penetran los bosques para luego quemarlos y transformarlos en tierras para la agricultura.

Es en medio de esta situación y ad portas de la implementación del TLC con EE.UU. --país cuyas enmiendas forestales son muy exigentes-- que el Gobierno emitió el Decreto Legislativo 1090. Se buscó con esto reemplazar la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27803.

Sin embargo, la norma, dada dentro del marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo, recibió el rechazo de la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Ingenieros, la Universidad Agraria La Molina y otras numerosas organizaciones de la sociedad civil.

El motivo: el decreto reduce el patrimonio forestal del Perú a 40%. Es decir, excluye de esta definición unas 45 millones de hectáreas de tierras de aptitud forestal (que equivale al 60%) de todos los bosques del Perú, y abre el camino a su uso agrario.

Sin este respaldo nominal se facilitaría la quema o tala del recurso para luego legitimarlo como tierras agrícolas.

La preocupación por las consecuencias que tendría la aplicación del D.L. 1090 llegó hasta el Congreso de EE.UU. y la Oficina Comercial de este país. Los representantes de esta oficina habrían solicitado al Gobierno Peruano resolver los problemas generados por esta norma y asumir sus compromisos, como paso previo a la implementación del TLC. También plantearon sus dudas por la eliminación del Conafor (organismo para la participación ciudadana en la gestión forestal) en el citado decreto.

La demora en el cumplimiento de estas obligaciones --que incluyen la modificación del Código Penal y el fortalecimiento del control de la tala ilegal-- sería la causante de que la puesta en marcha del TLC se postergue hasta después del 1 de enero. Durante las reuniones del APEC, Susan Schwab, representante comercial de EE.UU., confirmó que la implementación del tratado no sería posible para esa fecha.

Incluso, en una carta del 22 de octubre que Charles Rangel, presidente del Comité de Medios y Arbitrios del Senado Estadounidense envía a Schwab, le exhorta a "continuar insistiendo sobre la completa implementación de estas obligaciones en el Perú, que no tienen una fecha límite". Así, mientras el Perú no atienda sus compromisos no habrá tratado.

En el Ministerio de Comercio Exterior han dicho que esperan con optimismo que el tratado se concrete antes del 20 de enero, día en el que Barack Obama asumirá la presidencia. Los demócratas han asegurado que eso no pone en riesgo el TLC, pues es un compromiso asumido.

CORRUPCIÓN HACE AGUA

El mismo jefe del Inrena, José Luis Camino, reconoce que hay errores en el citado decreto. "Alguien podría contratar a terceros para que quemen mil hectáreas de bosques y después decir a la autoridad 'saben qué, en ese lugar hay mil hectáreas que no sirven para nada, solicito su cambio de uso para poder sembrar ahí"', pone de ejemplo, aunque para él basta con modificar el decreto.

El abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), José Luis Capella, dice que con este decreto se promueve indirectamente la deforestación. "Se quiere atraer grandes inversiones en la selva, pero en realidad el Estado no tiene control en la zona", asegura.
El Inrena dispone de mil empleados para administrar 75 millones de hectáreas; EE.UU. unos 35 mil para la quinta parte de hectáreas.

Camino es consciente de esta situación. El 2007 se llegó a exportar 6.000 m3 de cedro ilegal, lo que equivale a 254 camionadas de esta madera valorizadas en por lo menos US$3,5 millones. La madera había sido extraída de bosques comunales con la excusa de ser usadas en la zona, pero finalmente salió con guías forestales falsas y el aval de funcionarios corruptos.

"Todo se verifica desde el Gabinete. Nadie va al bosque",

insiste Camino, quien además señala que previamente a la firma de los contratos de inversión en la selva se debería tener un catastro que permita identificar al detalles las zonas aptas para la reforestación y aquellas para las de uso agrario.

Esta semana una comisión especial del Congreso encargada de analizar estos decretos presentará su informe final ante el pleno. Se supo que recomendarán la derogatoria del 1090 y la de otro vinculado con el tema (1064), aunque una propuesta en minoría plantearía simplemente la modificación de algunos puntos. Una propuesta que coincide con la del Ministerio de Comercio Exterior.

Se espera que el informe final se vea antes de que acabe la legislatura. El presidente de la Comisión del Ambiente del Congreso, Roger Nájar, ha dicho que paralelamente presentarán el proyecto legislativo 2691 que plantea una nueva Ley Forestal.

¿QUÉ HAY DETRÁS?

Los decretos en cuestión llegaron con aroma a biocombustible. El artículo en el que se detalla la intención de promover la producción masiva de los insumos para estos es el número 28: "Los programas de desarrollo deben considerar la reforestación como actividades prioritarias, estimulando plantaciones para el aprovechamiento industrial como palma aceitera, palmito, caucho, bambú, caña brava, castaña, entre otros".

En el artículo 37 se dice que la autoridad nacional forestal, o sea el Ministerio de Agricultura, evaluará y controlará el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. ¿Cómo la entidad que promueve, junto al Ministerio de Energía y Minas, la producción de biocombustibles podrá garantizar el uso sostenible y el cuidado de los bosques?

Un año movido para el sectorEste ha sido un año decisivo para el sector forestal. Sobre todo, porque la suscripción del TLC obligó al Estado Peruano a cumplir una serie de estándares que garanticen la sostenibilidad de los bosques de la Amazonía.

Basta recordar que a inicios de este año el Inrena hizo algo que hasta entonces no había hecho: corroborar en el campo si la madera salía de una concesión autorizada. Fue así que durante la gestión de Edgardo Lizárraga --el intendente forestal que reemplazó a Antonio Morisaki-- el Inrena reconoció la corrupción generalizada en el sector forestal. Se anularon 92 concesiones forestales porque se constató que al interior de su área autorizada no se encontraban los árboles de caoba y cedro que los responsables de la concesión decían tener. Esto derivó en que se detuviera cerca de un millón de m3 de cedro y se denunciara penalmente a 41 funcionarios.

¿De dónde salía la madera, entonces?, preguntamos aquella vez al ingeniero Lizárraga. "Era madera que provenía de lugares no autorizados", reconoció.

Los empresarios madereros rechazaron las acciones de control de Lizárraga. Publicaron un comunicado en los medios. Enviaron cartas a todos lados, incluyendo al presidente Alan García (carta de la Asociación de Industriales Madereros y Afines de Loreto). Unas semanas después Lizárraga fue separado del cargo de la Intendencia Forestal. Y junto a él, Roberto Ángeles, entonces jefe del Inrena.

La gestión de Lizárraga puso en evidencia que muchas de estas 'inflaban' dentro de sus planes operativos anuales la cantidad de madera que tenían disponibles en sus concesiones.
Es decir, decían tener más madera de la que realmente poseían. El fin: alcanzar el resto con madera ilegal procedente de áreas naturales protegidas.

QUÉ DICE LA LEY

1. Artículo 7 de la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308: Patrimonio Forestal Nacional y de Fauna Silvestre. Los recursos forestales mantenidos en su fuente y las tierras del Estado cuya capacidad de uso mayor es forestal, con bosques o sin ellos*, integran el Patrimonio Forestal Nacional.

2. Artículo 6 del Decreto Legislativo 1090: Patrimonio Forestal Nacional y de Fauna Silvestre. Los recursos forestales y de la fauna silvestre mantenidos en su fuente y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de protección forestal constituyen patrimonio forestal. *Se precisa que el patrimonio forestal no es exclusivamente el bosque sino también la tierra donde este crece.

3. Artículo 7 del D. L. 1090. Bosques de aprovechamiento futuro. Son áreas de recuperación forestal las tierras sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea o de bajo valor comercial, que requieren reforestación.

4. Artículo 28 del D.L. 1090. Se debe estimular en la Amazonía plantaciones forestales para el aprovechamiento industrial de palma aceitera, caña brava, caucho, otros.

Duente: El Comercio.com "El informe del Domingo"

http://www.amazoniamagica.com/

La ley de la selva

Miguel Sagred Gutierrez Rodriguez (Premio a Reportaje biodiversidad 2008, el artículo Selva Negra)

Julio García era un solitario teniente gobernador aprista que
combatía a los traficantes de madera en una población donde la gente vive del
negocio ilícito. Su asesinato ni siquiera conmovió al gobierno.

ALERTA, MADRE DE DIOS.

"¡Está bien, carajo, que lo hayan matado! Yo mismo le hubiera dado varios tiros si hubiera estado allí. A esa gente abusiva se la mata", dice el chofer de un colectivo que cubre la ruta Puerto Maldonado-Iberia, refiriéndose al asesinato del teniente gobernador Julio García Agapito, en la localidad de Alerta, cerca de la frontera con Bolivia, en la selva de Madre de Dios. La tarde del pasado 28 de febrero, doce disparos remecieron los interiores del local de Instituto de Recursos Naturales (Inrena), ubicado apenas a tres metros de la carretera que une Brasil y Bolivia con el Perú. Ocho tiros impactaron en la cabeza y el cuerpo de García, de 44 años, un hombre que era odiado porque se enfrentaba a los traficantes de madera, tanto a los grandes como a los chicos. Por su conducta pegada a la ley la gente lo llamaba "Señor Gobierno". Precisamente por cumplir la ley, por intervenir un cargamento ilegal de madera, lo mató sin miramientos el traficante Amancio Jacinto Maqque.

El homicidio, sin embargo, no mereció cobertura en la prensa nacional. Ninguna autoridad gubernamental salió a expresar rechazo y pesar por el asesinato de un funcionario que se batía contra uno de los más lucrativos negocios ilegales en la selva. Mucha gente no quería al teniente gobernador porque buena parte de la población vive de la tala y venta ilegal de la madera. Por eso el taxista comentaba alegremente, como otros, el crimen del enemigo número uno del contrabando de madera.

SOLO CONTRA EL MUNDO
"Señor Gobierno" habitaba desde hacía 22 años en Alerta y desde entonces se había dedicado a la agricultura para luego concentrarse en la recolección de los frutos del castaño. En 2003, junto a otras familias, gracias al asesoramiento de un organismo conservacionista no gubernamental, obtuvo una concesión para la extracción de castañas en una zona de la que se había apoderado una maderera.

Fervoroso aprista, con el segundo gobierno de Alan García las autoridades de Puerto Maldonado le ofrecieron el cargo de teniente gobernador, una suerte de "ojos y oídos" del régimen. Sin recibir un solo centavo, Julio García asumió la responsabilidad al mismo tiempo que sobrevivía con la venta de castañas. Conocía perfectamente la zona, al punto que investigadores locales y extranjeros interesados en la conservación de la biodiversidad acudían a él para recibir su apoyo. Angélica Almeyda, una antropóloga de la Universidad de Stanford, es una de las personas que pasó un tiempo en Alerta y describió así a "Señor Gobierno": "Julio García fue un líder de diferente tipo, siempre activo. Dedicó su vida y su tiempo a la conservación y a tratar de comprender cuestiones ligadas a la construcción de la ruta Interoceánica, electrificación, petróleo y las concesiones de castañas en Brasil, y en cómo mejorar la vida de su familia y de aquellos a quienes él creía representar como autoridad".

Lamentablemente, la labor de Julio García no era comprendida por una población que subsiste con el comercio ilegal de la madera. En la provincia de Tahuamanu, a la que pertenece el poblado de Alerta, pocos son los que pueden cumplir los requisitos para obtener concesiones de extracción de madera. Por eso, cuando culmina la cosecha de la castaña y las familias no tienen otros ingresos, se dedican al contrabando de la madera.

Julio García y los funcionarios de Inrena sufrían las consecuencias de luchar contra una actividad ilícita que da de comer a la población. Ante la pasividad sospechosa de la policía en la zona, los funcionarios de Inrena acudían a la única autoridad del pueblo, Julio García, para que los apoye en el monitoreo y decomiso de madera. Una de sus últimas intervenciones ocurrió el 12 de enero: "Señor Gobierno" participó activamente en el decomiso de tres lotes de madera de las especies pumaquiro y cedro, en Nuevo Pacarán.

Un informe elaborado por el sacerdote de la parroquia de la localidad Iberia, enviado a Defensoría del Pueblo, recuerda el trabajo de Julio García: "A pesar de no contar con un salario apoyaba constantemente a esta sede como autoridad. Su labor contra la tala ilegal fue única puesto que en muchas ocasiones la policía no prestaba este servicio", escribió. Las autoridades locales confirman que la labor fiscalizadora del "Señor Gobierno" lo había enemistado con la población y las mafias madereras. "La producción de castaña es temporal, ya que solo da tres veces al año. Después de las cosechas la gente se queda sin trabajo, no tiene qué comer. Al no poder conseguir permisos para sacar cedro o caoba, que tienen gran valor en el mercado, los pobladores con gran esfuerzo se meten muy adentro en la selva y traen la madera. Por eso, cuando se producen los decomisos, inmediatamente se generan situaciones violentas. Desde ese punto de vista, el teniente gobernador Julio García era visto por algunos como un abusivo", dice el alcalde del distrito de Tahuamanu, Angilberto Flores Sanipico, en un intento por explicar el asesinato del "Señor Gobierno".

TRÁFICO DE MADERA
Víctima y Asesino. Arriba, Julio García Agapito fue requerido en múltiples ocasiones por Inrena para apoyar en las labores de decomiso de madera hasta que el 28 de febrero Amancio Jacinto Maqque (al lado) lo mató de ocho balazos disparados con un arma automática. "Yo mismo intenté pasar madera ilegal hacia Puerto Maldonado hace un tiempo. No tenía permiso. Perdí los 12 mil dólares que había invertido en unos lotes de caoba", afirma Angilberto Flores sin un ápice de arrepentimiento.

Usmilda Rozambite Araujo, viuda de Julio García, recordó que la gente del pueblo aprovechaba la oscuridad de la noche para ir a su casa y reclamar la madera decomisada, prometiendo una tajada de sus futuras ganancias. García siempre las rechazó. Y lo pagó con su vida.
"La gente le decía: ‘Señor Gobierno, usted puede ayudarme a pasar mi maderita’. Y él respondía: ‘Si tú puedes hacer pasar tu madera, pásalo, pero no intentes sorprenderme ofreciéndome dádivas a la una de la madrugada’, respondía mi esposo. Él prefería ser pobre antes que ser un corrupto", dice la viuda.

El rencor acumulado contra el teniente gobernador y los funcionarios de Inrena por los constantes operativos frente a la madera ilegal tuvo finalmente un violento desenlace el 28 de febrero. A las seis de la tarde, un camión con 34 piezas de madera aserrada fue intervenido por empleados de Inrena. Ante la falta de apoyo policial, Julio García fue llamado otra vez para apoyar y dar legalidad al operativo. Durante el traslado de la madera al local de Inrena se produjeron extraños hechos. La energía eléctrica se cortó repentinamente en el pueblo y una multitud se aglomeró alrededor de las autoridades interrumpiendo el decomiso. Los dueños de la madera, Victoria Jacinto Maqque y su esposo Raúl Vargas, ingresaron en la oficina y agredieron al teniente gobernador ante la pasividad del único policía presente en el operativo.

En un momento de confusión, el esposo de Victoria Maqque tomó el volante del camión y huyó con la madera que quedaba por decomisar y enrumbó hacia Puerto Maldonado. El policía asignado subió una moto y se lanzó a perseguir a Raúl Vargas sin imaginar lo que pasaría después. De pronto irrumpió en las oficinas de Inrena Amancio Jacinto Maqque, hermano de Victoria y copropietario de la madera intervenida, desenfundó un arma y apuntó a Julio García. "Señor Gobierno" no se inmutó y continuó con su trabajo.

Tomó un pedazo de una hoja en blanco y se apoyó sobre un escritorio para dar cuenta de la amenaza a mano armada de Amancio Jacinto. Y comenzó a escribir: "Siendo las 6 y 30 de la tarde en el local de Inrena hago constar el intento de homicidio de parte del señor...". No había terminado de escribir cuando el sujeto disparó varias veces con furia. Los técnicos de Inrena escaparon despavoridos. No contento con su violenta reacción, Amancio Jacinto se acercó lentamente al cuerpo inerte de "Señor Gobierno" y lo remató con dos tiros en la cabeza. Como si hubiera satisfecho el deseo de la población resentida con Julio García por el simple hecho de cumplir con su trabajo, muy campante Amancio Jacinto se largó en una moto con dirección a Puerto Maldonado, sin que nadie de la comisaría, ubicada a 15 metros del escenario del crimen, lo detuviera. Hay gente que lo ha visto ingresar en su casa en la penumbra de la noche y desaparecer con dirección a Bolivia al amanecer.

"Señor Gobierno" había presentido que su vida corría peligro. Sabía que se había ganado numerosos enemigos. Sospechaba que Amancio Jacinto y su familia lo veían como una amenaza permanente a sus intereses. En un oficio del 18 de octubre del 2007, remitido a la dirección de Gobierno Interior, Julio García solicitó garantías para su vida. Un día antes, había intervenido madera ilegal de propiedad de Amancio Jacinto y su cuñado Raúl Vargas. Además de agredirlo, el individuo lo amenazó con matarlo. Pese a la advertencia, las autoridades del Ministerio del Interior no le respondieron. Ni siquiera porque era una autoridad aprista y porque estaba virtualmente solo contra todo un pueblo.

"Supe que no lo querían. Todos se dedican a la extracción de madera. Él era muy metido, chismoso, él daba información", declara el mayor PNP José Rodríguez, responsable de investigar el asesinato de "Señor Gobierno": "Para ser una autoridad, una mínima cantidad de gente asistió a su funeral. Por eso digo, no lo querían". Las palabras del conductor que cubre la ruta Puerto Maldonado-Iberia son absolutamente ciertas.

Publicado por el diario La República Abril 2008

Fuente: Premioreportaje.org

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